Ilegalización
es un artículo de uno de los imputados en el sumario contra Gestoras Pro-Amnistía que analiza el actual POGROMO A CUENTAGOTAS contra Euskal Herria. Publicado en GARA el 20 de marzo de 2002.

kolaborazioak * Alex Belasko * Imputado en el sumario contra Gestoras Pro-Amnistía
Ilegalización

El pasado día 8, el juez Garzón rubricaba con once detenciones la ilegalización de Segi, decretada con la de Askatasuna días atrás. Como ya ocurriera en los casos de Xaki, Ekin, Haika o Gestoras Pro-Amnistía, la actuación se había trabajado política y mediáticamente con anterioridad. Una medida lógica por parte del Gobierno de Aznar, que nunca se atrevería a dar pasos de tal magnitud sin haber medido primero las reacciones de la clase política y con ellas el coste político que le pudiera suponer.

Pero no parece que en este sentido tenga nada que temer. Las reacciones han sido las mismas que se han dado en cualquiera de las situaciones de ilegalización de organismos que han marcado en los últimos años y a través de Baltasar Garzón la política del Gobierno español hacia Euskal Herria. Es decir, que con la sola excepción de Batasuna, suficientemente criminalizada como para que la opinión pública no preste atención a sus declaraciones, los partidos políticos no han reaccionado de ninguna manera, como no llamemos reacción al silencio, al aplauso o a las débiles y tibias muestras de «preocupación» con las que algunos han salido al paso. Y éste es, sin ninguna duda, el gran mérito del Gobierno del PP: la absoluta facilidad con la que ha acostumbrado a los partidos políticos, y de su mano a la sociedad vasca, a asumir el serio déficit democrático en el que se desenvuelve el Estado español y a aceptar las sucesivas medidas que, tratando de encubrirlo, lo in- crementan.

El Estado español ha dirigido contra Euskal Herria una cadena de agresiones sin precedentes y ha encontrado en el Gobierno del PP su mejor instrumento. No en vano hablamos del partido que con toda soberbia se niega a condenar el alzamiento fascista que terminó con un gobierno salido de las urnas y al que no le merecen ni condena ni repulsa las miles de muertes que causó. Para mantenerse como abanderado de la democracia y los derechos humanos y al mismo tiempo eliminar a la izquierda abertzale, que es el modo más certero de eliminar de la escena política el Derecho de Autodeterminación y cualquier aspiración independentista, el PP necesitaba encontrar el recurso apropiado. Y lo encontró creando la figura del entorno de ETA.

De forma no muy diferente a la que Franco utilizaba para convertir toda oposición en rojos y masones, el PP ha convertido en el entorno a los sectores más comprometidos con la defensa del derecho de autodeterminación, con la defensa del cambio social, de la libertad de expresión, con la denuncia de la sistemática vulneración de los derechos humanos, con el euskara, con la exigencia de una solución democrática al conflicto... La presión mediática se encargaría después de asentar suficientemente en la opinión pública la figura del entorno y su necesaria desaparición en pro de la pacificación (pacificación, que no paz) de Euskal Herria.

Así, no sólo se abrió la puerta de las actuaciones contra la izquierda abertzale hasta su aniquilación, sino que se ha empujado a la sociedad a desoír, a desatender, todo lo que la izquierda abertzale tenga que decir, denunciar o exigir; se ha desviado la atención de un conflicto político sin resolver y del inmovilismo que lo está perpetuando y se ha llegado a transformar el Derecho de Autodeterminación, un derecho legítimo, reconocido por la legislación internacional, en una actividad criminal. Pero aún hay algo más grave: ha conseguido doblegar a los partidos políticos con el aún más sencillo recurso de incluirles en el entorno y acusarles de dar oxígeno a ETA ante cualquier muestra de oposición a sus decisiones y, por supuesto, ante cualquier mención al Derecho de Autodeterminación.

Asumida la figura del entorno, neutralizada la opinión pública, doblegados los partidos políticos, con la mano tendida del juez Garzón en la Audiencia Nacional y más recientemente la de Jiménez de Parga, de reconocido carácter franquista, en el Tribunal Constitucional, el Gobierno del PP se ha asegurado el paso libre para actuar sin cortapisas. Y lo está haciendo. Antes fueron "Egin", AEK, Xaki, Joxemi Zumalabe, Ekin, Haika, Gestoras Pro-Amnistía. Ahora Segi y Askatasuna. Se prepara mientras tanto la ilegalización de Batasuna. En cualquira de los casos, bajo la acusación de colaboración con banda armada, aun cuando en ninguno de ellos las personas encarceladas, procesadas o imputadas lo hayan sido por otros cargos que los de desarrollar una labor política, social o cultural en los organismos citados.

Para agravio de quienes se dicen demócratas, la cada vez más importante regresión en los derechos y libertades fundamentales se está llevando adelante sin ninguna oposición. No sólo los partidos políticos miran hacia otro lado, la propia sociedad parece haber renunciado a los derechos que le son inherentes. De algún modo se le ha llevado a acuñar la idea de que los derechos fundamentales y las libertades democráticas están sujetos a condiciones y contienen claúsulas o letra pequeña. Pero nada atenta tanto contra la sociedad como la pérdida de espacio democrático. Y es inevitable pregun- tarse ¿a quién beneficia? ¿Qué beneficio le reportará a la sociedad vasca que los jóvenes vascos se vean obligados a llevar adelante su trabajo de denuncia y reivindicación en la clandestinidad? ¿Qué beneficio le reporta a la sociedad vasca que se haya declarado ilegal la defensa de los derechos de los presos, la denuncia de la tortura, la exigencia de apertura de un proceso democrático que ponga fin al conflicto? ¿Qué más están dispuestos a tolerar los partidos políticos? ¿Cómo recuperarán después el espacio democrático perdido? ¿Con qué autoridad política reclamarán los derechos y libertades que han cedido al Estado? La sociedad vasca debe tomar conciencia de que es Euskal Herria en su conjunto y en su identidad la que está siendo agredida y que los límites de esta agresión se desdibujan más y más con cada nueva actuación del Gobierno español. Debe tomar conciencia y exigir a los partidos políticos que le representan el respeto a todos y cada uno de los derechos y libertades que le son inherentes.